La Dirección de Recursos Humanos de la Gobernación del estado Mérida expuso ante los representantes sindicales la situación laboral del personal del sector salud, luego de las inquietudes expuestas por los dirigentes del sindicato en representación de los trabajadores del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (Iahula).
El director de Recursos Humanos, Antonio Díaz, manifestó que recibió a los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Salud en Mérida (Sitrasalud), quienes —en nombre de los trabajadores del Iahula— plantearon tres reclamos concretos sobre el fideicomiso, deudas por la normativa laboral y las condiciones laborales.
Como es sabido, el fideicomiso es una figura jurídica que corresponde al régimen de prestaciones sociales que, motivado a la supresión de los 14 dígitos que ha sufrido la moneda nacional en los últimos años, ha generado que las prestaciones sociales se conviertan en sal y agua para los trabajadores dependientes del Ejecutivo, debido a que el régimen de prestaciones sociales contenida en la Ley del Trabajo no ha sido reformada, modificada ni actualizada, lo que ha ocasionado que el fideicomiso caiga en desuso y afecte a trabajadores y jubilados del Ejecutivo, argumentó Díaz.
Respecto a las deudas estipuladas, contenidas en la normativa laboral que suscribió el Ministerio del Poder Popular Para la Salud (Mppps) con el sector salud a nivel nacional, Díaz indicó que la gobernación, a partir del primero de agosto, viene pagando a los trabajadores todos esos beneficios a través de la plataforma Patria. Gracias a la gestiones realizadas desde el Ejecutivo regional, se logró obtener una autorización y financiamiento de parte de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), por lo que Mérida es una de las pocas gobernaciones que está cumpliendo con el pago de la normativa laboral.
En relación con el retroactivo de los meses mayo, junio y julio, el director de Recursos Humanos expresó que, a pesar de las insistentes peticiones hechas desde la gobernación al ente nacional, para el pago de esos emolumentos a 5600 trabajadores activos y jubilados —incluidos médicos y personal de enfermería, que dependen del Ejecutivo regional—, hasta la presente no se ha dado autorización por parte del ente competente para honrar estos compromisos laborales.
En cuanto a las condiciones laborales, Antonio Díaz reconoció el trabajo y esfuerzo del gobernador Ramón Guevara, pese a las limitaciones financieras en materia de salud, en la asignación de insumos médicos y equipos de bioseguridad al personal que se encuentra en primera línea para la atención del SARS-CoV-2, y a los trabajadores que se encuentran desplegados en las redes hospitalaria y ambulatoria cumpliendo con sus funciones diarias.
Díaz destacó que la gobernación no ha recibido en lo que va de año aporte alguno del presupuesto para los gastos de funcionamiento y de inversión que obligatoriamente deben ser asignados por el Ejecutivo nacional, así como tampoco los créditos adicionales por parte del Fondo Compensación Interterritorial (FCI), los cuales están contemplados para el mejoramiento de las infraestructuras de salud y otras obras necesarias y requeridas en la entidad merideña. /José Angulo