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Ejecutivo Regional sanciona a 300 empleados por incumplimiento laboral

Durante la gestión iniciada en 2017 por Ramón Guevara al frente de la gobernación, comenzó a realizarse el censo del personal para precisar el estatus de todos los funcionarios y trabajadores al servicio del Ejecutivo







Ante el abandono del lugar de trabajo por parte de empleados y obreros de la administración pública estadal, debido a la crisis económica nacional, la Gobernación de Mérida velando por el patrimonio del estado inició el proceso de depuración de nóminas en 2017, hoy consolidado.

Tras verificarse el estatus del personal en comisión de servicio, permisos no remunerados y abandono injustificado del lugar de trabajo, el Ejecutivo ha sancionado a 300 empleados y trabajadores por incumplimiento en la prestación de su servicio.

Así lo hizo saber Antonio Díaz, director de Recursos Humanos del gobierno de Ramón Guevara, quien desde que asumió las riendas de este órgano y siguiendo lineamientos del mandatario regional, dio continuidad y profundidad al censo de personal que permitió conocer el estatus de los trabajadores y funcionarios públicos de los diferentes entes y órganos.

Detalló Díaz que actualmente están vigentes 64 comisiones de servicio, otorgadas por un año, tal y como lo establece el Estatuto de la Función Pública, y es deber de la institución que solicitó dicha comisión velar por el régimen disciplinario o control de servicio de ese personal.

Estas comisiones de servicio fueron aprobadas para entes y órganos municipales y nacionales, tales como las alcaldías de Alberto Adriani, Campo Elías, Pinto Salinas, Santos Marquina, Concejo Municipal de Libertador, Consejo Legislativo, Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y Ministerio de Transporte, entre otros. 

En cuanto a los permisos no remunerados – entiéndase que no reciben pago alguno – han sido otorgados a 130 empleados y 63 obreros, para un total de 193 trabajadores, con más de cinco años de servicio, es decir, cuyo ingreso a la administración pública regional se dio en las administraciones de Florencio Porras, Marcos Díaz Orellana y Alexis Ramírez.

“Son 257 personas que actualmente tienen esta situación jurídica o reciben estos beneficios de comisión de servicios y permisos no remunerados”, aseguró Díaz.

Reiteró que en la depuración de las nóminas, hecha a través del censo, detectaron un importante número de trabajadores, 300 para ser exactos,  que estaban incumpliendo en la prestación del servicio, quienes han sido sancionados por el Ejecutivo regional con el castigo máximo como lo es el despido. 230 personas ya han sido retiradas y otras 70 están en proceso.

“Los números son claros, por tanto hablar de que existen miles de personas perjudicando el patrimonio del estado es algo exagerado; nosotros podemos demostrarlo de manera fehaciente; información que además haremos llegar a los órganos de control si así lo requieren”, precisó el director de Recursos Humanos del Ejecutivo regional.

Si bien es cierto que debido a la situación país muchas personas han abandonado su lugar de trabajo con la malsana pretensión de seguir cobrando sus sueldos y salarios, también es cierto que el Gobierno de Ramón Guevara ha perseguido y sancionado implacablemente esta infracción, culminó diciendo Antonio Díaz.

Wendy Molero