Integrantes de Medicina ULA solicitarán 

declarar “en emergencia” la seguridad

El pasado lunes 12 de noviembre, los actos de violencia protagonizados por encapuchados en la Facultad de Medicina de la ULA encendieron todas las alarmas y eliminaron la pasividad de profesores, empleados, obreros y estudiantes quienes, por enésima vez, fueron objeto de amenazas verbales y físicas.
 

A una reunión urgente, convocada por Luis Téllez, jefe del Departamento de Microbiología y Parasitología Clínicas, asistieron el vicerrector administrativo, Manuel Aranguren; Elsy Ponce, encargada de la Dirección de Servicios de Prevención y Seguridad, e integrantes de las escuelas de Medicina, Enfermería y Nutrición y Dietética.
 

Estas son sólo algunas de las situaciones que allí se expusieron, todas lideradas por sujetos que cubren sus rostros: acoso sexual a una estudiante, explosión de mortero dentro de uno de los laboratorios de la Cátedra de Histología, destrucción de ventanales y bombillos, amenazas con armas blancas, ingreso violento a las oficinas para obligar al personal administrativo a abandonarlas, lanzamiento de botellas de vidrio al interior de las aulas donde aún se dictan clases, cachetadas a algunos docentes que se resisten a abandonar su sitio de trabajo.
 

La situación es grave y lamentable pero, como lo afirmó el profesor Nelson Crespo, del departamento antes citado, es tiempo de eliminar lo que han llamado “violencia amistosa” porque, a su juicio, los encapuchados comparten diariamente con el personal de la Facultad de Medicina. “Hay que despertar y ese es nuestro gran llamado, debemos hacer una campaña contra la violencia, tanto interna como externa. Pensamos solicitar un derecho de palabra en el Consejo de la Facultad de Medicina y luego en el Consejo Universitario para hacer este planteamiento y que la seguridad, en la ULA, sea declarada en emergencia”.
 

Propuestas
 

Luego de una discusión en la que los asistentes expusieron sus opiniones, surgieron también algunas propuestas: aplicar el reglamento a estudiantes que se les compruebe su participación en hechos violentos, ofrecer talleres de educación e instrucción a los alumnos de la Facultad de Medicina destinados a crear una cultura de diálogo y paz, solicitar ayuda a las autoridades municipales y estadales para detener la ola de violencia, colocar cámaras de vigilancia en sitios estratégicos, cerrar algunos accesos para controlar el ingreso de personas a esta facultad (solicitar carnet correspondiente a todos), construir nuevas casetas de vigilancia, hacer cumplir las normas relacionadas con el acceso a las instalaciones durante los fines de semana, solicitar derecho de palabra en el Consejo de la Facultad de Medicina y el Consejo Universitario y hacer público el documento emanado de esta reunión, entre otras.

Opiniones
 

Manuel Aranguren, vicerrector administrativo, abogó porque los profesores mantengan un diálogo constante de paz con sus estudiantes, pues estos no son los únicos responsables. “En la ULA no hay política de vigilancia, este personal no tiene recursos ni armas para protegerse y es por eso que no debemos limitarnos a señalar culpables, sino plantear soluciones conjuntas porque la inseguridad ha crecido en toda la universidad y todos estamos expuestos”.
 

Elsy Ponce, por su parte, recordó que en la ULA se hace una vigilancia preventiva y que constantemente a los universitarios, mediante correos electrónicos, se les informa acerca de las medidas que deben tomarse para la protección personal y de equipos de trabajo. “Debemos afianzar el hábito de denunciar todos los hechos de los que somos víctimas para tomar decisiones y hacer los reclamos pertinentes ante los organismos de seguridad del Estado. Recuerden que creamos la dirección de correo [email protected] como una manera de mantenernos comunicados y protegidos”.
 

Dionis Dávila, secretario general del Sindicato de Profesionales de la Universidad de Los Andes, Siprula, invitó a toda la comunidad universitaria a no tener miedo y denunciar cualquier hecho de violencia. “La ley nos ampara, y si el sitio de trabajo no cumple con lo establecido en el Art. 53 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), simplemente no podemos ingresar al mismo ni permanecer allí. Entregamos un documento en la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela y en el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, en donde detallamos la inseguridad y la violencia que vivimos actualmente dentro de la ULA. Las autoridades rectorales, además de directores y jefes, también respaldan a nuestros agremiados y condenan esta situación”.
 

Hablan los estudiantes
 

En vista de que fue el sector estudiantil uno de los más señalados, Carlos Girón, coordinador general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina hizo también planteamientos concretos: “planteamos ajustar las entradas y salidas a la cantidad de vigilantes que tenemos, colocar un vigilante permanente en cada uno de los accesos que queden abiertos y solicitar carnet a todos -no sólo a los estudiantes- para controlar quién entra y quién sale porque la credibilidad del profesor jamás se pone en duda, pero la de nosotros siempre”.

Ante el fuerte planteamiento de que es en el Centro de Estudiantes donde “contratan” a los sujetos encapuchados para generar acciones violentas, Girón dijo que tales comentarios sólo se basan en rumores. “En el momento en que un profesor tenga las pruebas de esa acusación, exigimos que se nos lleve a Consejo de Facultad o a la instancia que crean pertinente. Se dijo que la protesta del lunes 12 de noviembre se originó para suspender un examen parcial de Anatomía, pero éste ya se presentó. Es absurdo pensar que le pagan al Centro de Estudiantes para propiciar acciones violentas, por eso invitamos a toda la comunidad universitaria a revisar nuestra sede, allí no hay morteros ni capuchas, sólo libros”.

Por su parte, Alejandro Villanueva, presidente del Centro de Estudiantes de Medicina, ante la propuesta de expulsar a los alumnos que propicien  actos violentos, indicó que eso sólo podría aceptarse si dicho alumno es fotografiado, por ejemplo, sin capucha, pues el calzado o la ropa son sólo evidencias circunstanciales. “Un principio en leyes dice que la buena fe se presume y la mala fe se prueba, que me demuestren fehacientemente que un estudiante está alterando el orden público y no me negaré a que lo expulsen. En base a rumores, zapatos o un suéter, no podemos abrirle expediente a un compañero”.
 

Prensa ULA / Adriana Heras