El nombre de la actual presidenta del CNE surge y se mantiene en el tapete de la opinión pública nacional, en medio de una situación que muchos consideran turbulenta, por el contexto social, político, jurídico, económico y sanitario en el que se desarrolla. En ese marco, en el que se añaden elementos como su atribuida participación en los hechos que pusieron fin al referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro, así como a la suspensión de la representación del estado Amazonas a la Asamblea Nacional, El Universal solicitó la entrevista a Indira Alfonzo Izaguirre; y así transcurrió:
—¿Tenía usted conciencia de este contexto en el que le correspondería asumir la responsabilidad de un organismo como el CNE ubicado en el propio “ojo del huracán”? ¿Tuvo alguna duda sobre la decisión que le correspondería enfrentar? ¿Qué la hizo aceptar?
—Debo empezar por decirte que, siempre las instituciones del Estado y las personas que asumen la responsabilidad de estar al frente de éstas, en este país, en la región y en el mundo entero, desde que el mundo es mundo, han sido total y absolutamente evaluadas, criticadas, y consideradas.
Claro, este es un momento muy particular y en eso coincido contigo, hay un contexto histórico, político, social y sanitario, es decir, la pandemia Covid-19 marca una presencia total y absolutamente determinante en cada una de los asuntos públicos y de la propia vida personal.
Asumir este reto tiene que ver, no solo con una evaluación o una reflexión que hice en lo personal, sino también tiene que ver, y creo que fue lo que predominó, mi compromiso profesional que siempre ha estado ligado a la función pública; y ahí hay toda una trayectoria, una condición de funcionario de carrera por concurso de credenciales, una formación desde el Parlamento.
Yo estuve en el Parlamento durante más de 20 años, inclusive ingresé cuando era el extinto Congreso y allí hubo un proceso total de formación que me vinculó y me hace decir con mucha honra que yo soy una funcionario de Estado; yo soy un servidor público por excelencia, no solamente en el aspecto de mi formación como jurista, sino en mi formación en el diseño de políticas públicas, en la propia gerencia de la administración pública.
Entonces, cuando se presenta una decisión de este tenor, que mandata a unos hombres y mujeres a que asuman la responsabilidad de cumplir con lo establecido en la Constitución y las leyes para que se dé la renovación de las autoridades que regirán el Parlamento para el periodo 2021-2026, toda vez que el 5 de enero debe instalarse el nuevo Parlamento, en mí definitivamente privó mi condición de servidor público. Es una apuesta a poner al servicio de este momento histórico electoral, los conocimientos, el compromiso, y el respeto a las instituciones y a las leyes de la República.
Mi persona, junto con los otros rectores y rectoras que fueron designados por la Sala Constitucional tenemos la responsabilidad de organizar, administrar, dirigir y vigilar todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de la Asamblea Nacional que ejercerán durante el periodo 2021-2026, tal como lo mandata la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
—En relación al cargo en sí, desempeñado por una antecesora en él, sobre quien recaen por parte de los sectores mayoritarios de la oposición, acusaciones de parcialidad política con el Gobierno, y atender a las decisiones del partido gobernante, ¿considera para usted un peso que de alguna manera ha tenido necesidad de enfrentar?
—Debo empezar por decir que la institución en sí misma puede dar respuesta de lo que han sido las distintas gestiones que han estado al frente del Consejo Nacional Electoral.
Desde que el Consejo Nacional Electoral -anteriormente Consejo Supremo Electoral-, ha hecho vida dentro de las instituciones, y ha dado su aporte a la consolidación de la democracia venezolana, todas y cada una de las gestiones han hecho una gran tarea.
En este momento, nosotros tenemos que, en todo caso, asumir con responsabilidad y con respeto un reconocimiento a los hombres y mujeres que han estado al frente de esta institución porque vivimos en democracia, tenemos democracia, y eso se logra con un sistema electoral que parte de la confianza, de la transparencia. En estos momentos nosotros podemos decir, y lo seguiremos repitiendo tantas veces como sea necesario, que es un sistema electoral que puede ser certificado y puede ser auditado en todas y cada una de las etapas del proceso.
Entonces, la institución en sí misma habla de la gestión, la institución en sí misma habla de la fortaleza de sus trabajadores, de su infraestructura tecnológica y de lo que ella significa para la vida democrática de este país.
Sabemos que no es tarea fácil de asumir, como lo dije anteriormente, ninguna función de Estado, ninguna función pública, pero cuando se tiene la función de árbitro, jamás estaremos exentos de tener diferencias con las partes que se encuentran en el proceso, bien sea de un sector político o de otro, y eso va a ocurrir.
Nuestra gran responsabilidad, o nuestro gran reto es asumir estas diferencias como un espacio para el encuentro y el consenso, y eso lo estamos demostrando desde que asumimos esta responsabilidad por mandato de la Sala Constitucional, cuando hemos abierto las puertas del Consejo Nacional Electoral a distintos sectores de la vida social del país.
Ahí tenemos a las iglesias, a las universidades, a ustedes los medios de comunicación, que tradicionalmente han participado como observadores; amén de la motivación que estamos haciendo a quienes van a integrar las mesas de votación; las organizaciones políticas, más del 90 por ciento de las organizaciones políticas que han decidido participar, que se encuentran habilitadas, son legales y legítimas y tendrán sus testigos en cada mesa; es decir, estamos hablando de una institución que está al servicio de los venezolanos y las venezolanas en todos y cada uno de los procesos electorales.
—En relación con su propia actuación jurídica en cuanto a situaciones que algunos sectores de la oposición la responsabilizan y cuestionan, como la interrupción del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, así como la inhabilitación de la representación parlamentaria, ¿Cuáles han sido sus respuestas?
—Con mucho respeto, debo decir que más que respuestas, yo invito a que revisemos los expedientes contentivos de las decisiones y los pronunciamientos judiciales en la Sala Electoral, en la que si bien es cierto fui ponente, tuve un trabajo colegiado, fue producto de una decisión colegiada, porque participaron los magistrados y magistradas integrantes de esa Sala, eso en primer término.
En segundo término, debo insistir en que cada sentencia es una expresión de lo que se encuentra alegado y probado en autos, es decir hay elementos de hecho y de derecho que configuran la decisión.
En todo caso, la sentencia de la Sala Electoral N° 147 de fecha 17 de octubre de 2016 que interpretó los artículos 15 y 29 de las Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargo de Elección Popular aprobada por el Consejo Nacional en el año 2007, tuvo como fundamento la esencia de nuestro Estado Federal Descentralizado, que se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, establecidos en el artículo 4 de la Carta Fundamental; por lo cual tomando en cuenta que los estados son entidades federales autónomas e iguales en lo político conforme al artículo 159 de la Constitución, debe concurrir una voluntad representativa de al menos 20% de las firmas en cada una de las entidades federales y considerar válida la solicitud, así como la activación de un referendo revocatorio de un cargo como el de la Presidencia de la República, que tiene ámbito nacional.
En esa misma decisión se dejó claramente establecido que la etapa o fase de la recolección de las manifestaciones de voluntad, no podía ni debía confundirse con el proceso referendario en estricto sentido, en el cual sí participa la totalidad del padrón electoral, universalidad que abarca a todos los electores tanto a los que apoyaban la revocatoria del mandato como a aquéllos que aspiraban ratificar en el cargo al funcionario electivo sometido a la consulta popular.
Por tanto, no fue un “bloqueo de las posibilidades de un referendo revocatorio”, sino la aclaratoria, la interpretación requerida por una parte interesada, con respecto a cómo debía realizarse el procedimiento para la recolección de firmas que a su vez debía verificar y certificar el órgano electoral conforme a unas normas aprobadas mucho antes de ese evento y ejecutadas así conforme a un Cronograma Electoral que se encontraba en ejecución en el momento y que disponía el cumplimiento de tales requisitos que debían cumplir las organizaciones convocantes.
Respecto a la suspensión de forma provisional de la proclamación de los candidatos y candidatas por el estado Amazonas, en el proceso electoral del 6 de diciembre de 2015, debo decir que la decisión cautelar se ajustó igualmente a los parámetros constitucionales y legales, ante denuncias y pruebas de conocimiento público que hacían presumir hechos de fraude electoral, violatorios de los derechos al sufragio y a la participación política en dicha entidad. No obstante, el Parlamento electo decidió desacatar tal decisión, juramentar e incorporar a los tres (3) candidatos suspendidos, lo que conllevó al riesgo de “anomia” constitucional y la inestabilidad del Estado, situación que debía evitarse y así fue ratificado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Por tanto, son decisiones que tienen base en hechos con sustento probatorio y con fundamento legal constitucional y legal, y además han sido concurrentes con las actuaciones de otros Poderes Públicos en función de preservar la estabilidad del Estado y del contenido del Texto Fundamental.
—Sobre el cargo que le corresponde ahora desempeñar, ¿Cuáles considera usted las situaciones más difíciles que le han correspondido enfrentar desde que asumió tal responsabilidad?
¬En definitiva, la variante de la pandemia. Son unas elecciones atípicas, donde el gran reto es la salvaguarda, la defensa del derecho humano al sufragio y a la participación política, en consonancia y perfecta sintonía con el derecho a la salud.
Nosotros como una institución del Estado nos colocamos en perfecta corresponsabilidad con la sociedad, para garantizar todos y cada uno de los elementos biosanitarios que son requeridos, pero también en sintonía con la política de Estado, alineada a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Si bien es cierto es un gran reto, estamos también evaluando con mucho respeto todos y cada uno de los eventos electorales que se han desarrollado en la región y en el mundo en medio de la pandemia, y de ellos hemos ido observando e incorporando elementos a nuestra propia dinámica electoral.
Sin embargo, a medida que han transcurrido más de una veintena de procesos electorales a nivel mundial, se ha venido fortaleciendo la confianza en garantizar ambos derechos humanos: la salud y el sufragio.
Es una alta responsabilidad el cuido de la salud de los trabajadores y trabajadoras electorales, insistiendo permanentemente sobre el cumplimiento de las medidas de protección sanitaria y asegurando la atención de quienes han padecido la enfermedad en el entorno.
Esta situación ha hecho que estemos en innovación constante en el cumplimiento de nuestras funciones, utilizando las herramientas de comunicación e información, propiciando modalidades de teletrabajo, articulando espacios institucionales y organizacionales para aunar esfuerzos que permitan desarrollar el Cronograma Electoral, incluso haciendo algunos ajustes necesarios en función de facilitar la participación política y ciudadana.
—¿Qué cosas cuestiona y cuáles reivindica de la organización legal de los procesos electorales de Venezuela?
—La organización de los procesos electorales en Venezuela tienen un marco constitucional, legal y reglamentario suficiente y claro, y ante cualquier duda o vacío que pueda suscitarse, el Poder Electoral tiene la competencia de resolver lo que se presente en el desarrollo de los procesos electorales que organiza.
Además, existe una jurisdicción contencioso electoral y una jurisdicción constitucional, también competentes para asegurar las garantías electorales a través de diversas acciones judiciales.
Por tanto, existen mecanismos jurídicos en función de resolver de forma pacífica cualquier cuestionamiento que pueda presentarse en la organización de los procesos electorales en Venezuela.
Reivindico el sistema de garantías electorales que se ha ido fortaleciendo con cada proceso electoral, único en el mundo. El órgano electoral a través de este sistema de protección de derechos garantiza la integridad y confiabilidad de los resultados electorales como fiel expresión de la voluntad soberana de las venezolanas y los venezolanos.
Finalmente, digo que más que criticar, más que cuestionar, debo reivindicar, porque el Poder Electoral está en constante apego a las exigencias de la propia dinámica social. No es una institución estática, y así debe ser, así lo debe asumir, y creo que ese es el gran reto, estar siempre a tono con las propias demandas político-sociales del país, que deben materializarse a través de los procesos electorales, porque cada proceso electoral es un ejercicio de paz, y esa es la vocación de nuestra Patria, Venezuela.
—¿Cuáles son las argumentaciones que ofrece como presidenta del CNE, en algunos casos sobre las dificultades que señalan para realizar elecciones en momentos de crisis económica, social y especialmente sanitarias (por la pandemia) y por el tiempo de su convocatoria considerada por algunos sectores como ilegal, así como por la presunta falta de garantías para el libre ejercicio.
En el escenario internacional constituye un compromiso y una tarea fundamental garantizar los procesos eleccionarios para la estabilidad democrática con la renovación política de las autoridades, conforme lo establece el marco constitucional y legal de cada país, a través del ejercicio del derecho al sufragio.
Dentro de nuestro marco constitucional las entidades políticas que componen la República serán siempre democráticas, participativas, electivas, alternativas, responsables, pluralistas y de mandatos revocables. Respecto al periodo de los integrantes del Poder Legislativo se establece una duración de cinco (5) años y el inicio del período constitucional de la Asamblea Nacional debe tener lugar el 5 de enero de 2021.
Por tanto, la fundamental argumentación es conforme al principio de democracia y responde a un mandato constitucional. Adicionalmente, tenemos una situación política e institucional que no admite postergación ni dilación como es la renovación de una Asamblea Nacional plural, cónsona con los intereses nacionales y que actúe dentro de la senda constitucional.
Vivimos y compartimos las dificultades del pueblo venezolano, en lo económico, lo social y lo sanitario, y aún en esas circunstancias la vida continua y demanda de cada uno de nosotros una actitud constructiva y propositiva.
Por ello, hemos implementado durante todo el proceso electoral las medidas sanitarias pertinentes como son el uso de mascarillas, higiene de manos, distanciamiento de 1,5 m., sanitización de espacios, toma de temperatura, túneles de desinfección y pruebas de despistaje. Han sido medidas comunes que han aplicado muchos otros países que han realizado elecciones durante la pandemia.
Hemos hecho seguimiento a cada proceso electoral realizado durante la pandemia y permanentemente consideramos informes de organizaciones especializadas en materia electoral a nivel global que monitorean la situación de renovación democrática en todos los países.
Se realizaron recientemente en nuestro continente elecciones en República Dominicana, Trinidad y Tobago, y en Uruguay. Están en agenda en el periodo que resta del año 2020: en Bolivia elecciones generales el 18 de octubre primera vuelta y 29 de noviembre segunda vuelta; en Chile el referendo constitucional a realizarse el 25 de octubre; en Estados Unidos las presidenciales el 3 de noviembre; en Brasil elecciones municipales el 15 de noviembre y en Venezuela las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre de 2020.
En nuestro país seguimos avanzando en el Cronograma Electoral, quienes han optado por participar son bienvenidos y están en conocimiento que se ha realizado dentro de los tiempos legales, lo hemos hecho y estamos prestos a ampliar los lapsos necesarios con el objetivo de garantizar la participación política del próximo 6 de diciembre de 2020.
Estamos monitoreando diariamente los casos anunciados por la Comisión Presidencial para la Prevención y Control de Covid-19, tenemos un Plan Estratégico de Bioseguridad que hemos articulado con autoridades de salud nacionales e internacionales.
La idea es consensuar formas creativas, eficaces, inclusivas y amplias que permitan aumentar la cadena de confianza del pueblo venezolano y pueda expresarse libre y democráticamente a través del ejercicio de su derecho al sufragio, acompañados y observados por las organizaciones nacionales e internacionales que quieran participar en el desarrollo del mismo, con respeto al marco legal y a la voluntad soberana de la Nación.
Las garantías fundamentales del proceso electoral venezolano están cimentadas sobre dos elementos: 1) la seguridad del sistema automatizado de votación, y para ello cuenta con dieciséis (16) auditorías de los sistemas tecnológicos (software, data y transmisión) y 2) sobre la transparencia y confianza del proceso electoral, en todo aquello que genere la confianza del electorado como la selección aleatoria de los miembros de mesa, la auditoría de los cuadernos de votación y la verificación ciudadana, en este tiempo de pandemia se agrega el cumplimiento de los protocolos biosanitarios durante las diversas fases del proceso.
Son 16 auditorías que se realizan antes, durante y luego del acto de votación en función de garantizar “1 elector/electora 1 voto” en la que participan corresponsablemente las organizaciones políticas junto con sus expertos, acompañantes nacionales e internacionales y los propios electores y electoras, por lo que el sistema electoral venezolano cuenta con las garantías suficientes.
Estamos convencidos que contaremos con la participación significativa del pueblo venezolano, quien responsablemente cumpliendo con los protocolos biosanitarios ejercerán su derecho a elegir y ser elegido.
En esta oportunidad reforzaremos una amplia difusión de las ofertas electorales, garantizamos un estricto equilibrio de la campaña electoral tanto en medios públicos como privados, igualmente procuraremos este mismo equilibrio en redes sociales.
Se pondrá especial énfasis en facilitar la movilidad territorial, pese a la situación de pandemia y a las restricciones por tema de combustible.
Realizar las elecciones parlamentarias dentro del contexto político nacional y geopolítico mundial, transversalizados por una situación de pandemia es un gran reto que hemos asumido. Estoy segura que lo lograremos con éxito bajo las premisas de unidad y paz que se consolidarán con la participación histórica de todos y todas.
Fuente: El Universal
Globovisión
