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Mandatarios de Mérida y Táchira evaluaron daños al puente sobre el río Guaruríes

Ambos gobernadores aspiran que el gobierno central, a través del ministerio competente, prontamente inicie la necesaria construcción de un nuevo puente.









Para evaluar la magnitud de los daños colaterales ocasionados al puente sobre el río “Guaruries”, ubicado en el kilómetro 15, en las vecindades de El Vigía, limítrofe con el estado Táchira, producto de aumento del caudal del afluente hídrico, el gobernador, Ramón Guevara y su homóloga, Laidy Gómez, sostuvieron un encuentro en dicho sector donde, acompañados por técnicos y especialistas de ambos gobiernos, desarrollaron una profunda inspección a la obra severamente afectada.

La primera autoridad civil del estado Mérida, señaló que la semana próxima viajará hacia Caracas, para hacer entrega a las autoridades nacionales competentes de un informe técnico de la valoración total de la reconstrucción del puente, preparado por el Instituto Merideño de Infraestructura y Vialidad (Inmivi) en conjunto con Protección Civil.

Asimismo aseveró que solicitarán por escrito se realice una investigación debido a que, desde hace diez años, cuando en una primera ocasión el puente se desplomó con un camión en la mitad, la empresa que realizó la reconstrucción del actual puente lo hizo sobre las bases del puente anterior, lo cual representa una irresponsabilidad que pudiera acarrear sanciones penales, administrativa e inhabilitación.

Además, dijo Guevara, el municipio Zea del estado Mérida, considerado uno de los mayores productores de cítricos de la entidad andina y cercano al puente Guaruríes, los productores agrícolas tiene paralizado el traslado hacia el estado Zulia y centro del país ya que está considerado elevado los costos del flete usando otro tipo de vías de penetración. “Aspiramos que tanto el ministerio competente como otros entes del Gobierno central escuchen este llamado, porque la población requiere con urgencia la solución de la grave situación aquí planteada, que afecta notoriamente a las economías de nuestros dos estados”.

Asimismo informó que en el lugar se encuentra una maquina tipo jumbo, contratada por la Gobernación del estado Mérida, la cual está realizando los trabajos necesarios para habilitar al máximo posible la trocha alterna que se ha abierto dando paso provisional a vehículos y transeúntes.



Nuestros gobiernos no tienen presupuesto

Por su parte la Gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, manifestó que a raíz del colapso de las bases del puente, ocurrido hace algunos días el daño ocasionado no sólo es grave sino cuantioso, pues ha ocasionado daños a los sectores de agro producción, de salud, educación, a lo que se suma el desmedido aumento de la crisis por la falta de traslado de la gasolina hacia ambas regiones.

“Particularmente el municipio Samuel Darío Maldonado, el cual está conectado con la ciudad El Vigía, resultando muy afectada una población de 50 mil habitantes, ya que las gandolas cargadas de gasolina se desvían por Santa Barbará del Zulia, quedando este municipio sin el combustible. Aunado a ello, debido a las infinitas emergencias, no podemos trasladar a los pacientes al hospital más cercano ubicado en El Vigía por el impedimento del paso”, añadió.

La Gobernadora mostró, igual que su colega gobernador de Mérida, su preocupación en cuanto respecta a la gran inversión económica que significaría construir un puente nuevo. Recalcó que, de acuerdo a los informes presentados sobrepasa y multiplica, hasta en un diez mil por ciento, el presupuesto público de ambas gobernaciones. Enfatizó que, hasta la fecha, las respuestas recibidas por parte de los entes ministeriales en cuanto a la solicitud de recursos económicos adicionales para atender esta emergencia, han sido nulas.

Denuncian cobro indebido

Asimismo, ambos gobernadores de acuerdo a las acusaciones recibidas por parte de habitantes, transeúntes, choferes de autos particulares, de transporte de mercancía y de pasajeros, que utilizan esta importante vía, enlace entre los estados Mérida y Táchira, denunciaron que funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), están haciendo cobros ilegales de hasta 20 mil pesos colombianos para permitir el cruce peatonal, en ambos sentidos. 

OCI / Gráficas: Fernando Moreno