Ejecutan auditoría en Mérida para optimizar

 insumos de la Gran Misión Vivienda Venezuela 

El Órgano Estatal de la Vivienda en Mérida comenzó una serie de actividades en función de evaluar y hacer una auditoría de materiales de construcción para optimizar el uso adecuado de los insumos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y demás obras de infraestructura.

La información fue suministrada por el coordinador del Órgano Estatal de la Vivienda, Juan Carlos Velázquez, quien destacó que la actividad se lleva a cabo gracias a la articulación de la Comisión de Seguridad, Seguimiento y Control del órgano que preside con el gobernador del Estado Bolivariano de Mérida, Alexis Ramírez, conjuntamente con el Gabinete de Seguridad y Paz regional, a cargo del coronel Óscar Aponte Landaeta, y del Gabinete de Infraestructura.

Para llevar a cabo esta tarea dijo que actualmente están auditando los Centros de Acopio de Construpatria (CAC), los de Barrio Nuevo Barrio Tricolor, los depósitos de los entes ejecutores y los frentes de obras, con el objetivo de garantizar el uso correcto de estos bienes del Estado y que deben ser orientados para las obras priorizadas por el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Alexis Ramírez, en materia de vivienda. “Darle un uso óptimo (a los insumos) en función de lo que es la eficiencia que estamos buscando para acelerar la ejecutoria en materia de vivienda”, indicó Velázquez. 

Por otra parte, informó que a través del Gabinete de Seguridad y Paz están instaurando uno de los puntos que orientó el presidente Maduro concerniente con la seguridad dentro de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en este caso, la regularización de los “viviendo venezolanos”, de las familias que ya conviven en los desarrollos habitacionales en lo que respecta a la protocolización de sus apartamentos y viviendas. Para ello, se conformó una comisión integrada por representantes del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), el Ministerio de Vivienda y Hábitat, la Comisión de Seguimiento y Control que está en manos de la Guardia del Pueblo, la Procuraduría del estado, el ente ejecutor y el órgano en pleno, para poder, primero, regularizar todo lo que tiene que ver con el plan de protocolización y asignación de documentos de propiedad, y, segundo, detectar posibles irregularidades, tales como viviendas desocupadas que estén en calidad de préstamo o alquiler, que pudieran estar siendo objeto de  ilícitos con el fin de atacar el problema de la inseguridad. 

Prensa Gabinete de Seguridad y Paz /Mérida-Venezuela