Los integrantes del Comité de Víctimas de las Guarimbas y
el Golpe Continuado, la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de
abril de 2002 (Asovic) y la Fundación Víctimas del Sicariato Campesino,
consignaron este lunes en la presidencia de la Asamblea Nacional (AN) una
comunicación con el fin de solicitar un derecho de palabra ante la Plenaria de
conformidad con el artículo 211 de la Constitución Nacional, para expresar su
rechazo al proyecto de Ley de Amnistía propuesta por la oposición.
Asdrúbal González, coordinador de la Red Nacional de
Derechos Humanos, explicó que dicho artículo establece que el Parlamento
Nacional con motivo de la discusión y aprobación de los proyectos de leyes,
dará derechos de palabra tanto integrantes de los órganos del Estado, a las
ciudadanas y ciudadados y a la sociedad organizada, para expresar su opinión
sobre los mismos.
La Ley de Amnistía, señaló que vulnera los derechos
humanos de las víctimas. “Esperamos que los diputados de la Asamblea Nacional
discutan y se le otorgue el derecho de palabra a las víctimas, porque así como
se están escuchando a los víctimarios, es necesario y es un derecho
constitucional que sean escuchadas cada una de las víctimas”.
Luego de consignar la referida comunicación, González
declaró en los espacios externos de la Asamblea Nacional, donde en compañía de
los integrantes de los citados comités y organizaciones de derechos humanos,
comentó que tienen previsto acudir a todos los organismos nacionales e
internacionales de promoción y protección de los derechos humanos.
En ese sentido, añadió que acudirán al Sistema
Internacional de Protección de Derechos Humanos, a saber, la Organización de
los Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
Mercosur, Unasur, para “levantar nuestra voces como defensores de derechos
humanos y apoyando a las víctimas para que no se genere impunidad”.
VOCES DE LAS
VÍCTIMAS
Sobre el proyecto de Ley de Amnistía, señaló que abarca
aproximadamente 17 años, en los que “estarían sembrando impunidad, no solo en
cuanto a las víctimas de las guarimbas, sino de diferentes hechos punibles que
se generaron en Venezuela, entre los que se encuentra las víctimas de
campesinos, las del 11 de abril. Son una serie de situaciones que quebrantaron
la paz en el país”.
La solicitud de palabra, explicó, tiene como finalidad
que las víctimas presenten su punto de vista, “es ilógico que se le estén dando
privilegios” a las personas imputadas o responsables de los hechos violentos
que ocurrieron en el país en los últimos 17 años, y que “las víctimas no sean
escuchadas”.
Como ejemplo de una Ley de Amnistía aprobada en otros
países, mencionó a Argentina, donde fue aprobada la Ley de Punto Final, la cual
estableció la caducidad de la acción penal contra los imputados de hechos
violentos durante la dictadura militar.
A consecuencia de la aprobación de este instrumento
jurídico, González manifestó que “responsables políticos, asesinos quedaron en
libertad por esta ley, que en lugar de sembrar la paz y crear confianza en la
población, lo que crearon fue impunidad hacia las víctimas y los más
necesitados”.
NO A LA IMPUNIDAD
En torno a la Comisión Nacional de Justicia, Verdad y Paz
propuesta por el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la
presentación del mensaje anual a la Nación en la AN, apuntó que como defensores
de derechos humanos a finales del pasado mes de diciembre publicaron un
comunicado, en el cual apoyan y solicitan la constitución de una comisión por
la justicia y la verdad que estudie e investigue cada uno de esos hechos
violentos.
“No podemos apoyar la amnistía en hechos tan abominables
como el paro petrolero, que generó una pérdida a la nación, o de las guarimbas
de los años 2013 y 2014, que dejó más de 52 fallecidos y 870 heridos. Hay una
serie de situaciones relevantes en las que hay víctimas fatales y víctimas con
lesiones psicológicas, morales. Eso no puede quedar impune”, argumentó.
T/Leida Medina
F/José Luis Díaz
