Un total de 600 cauchos y un lote de baterías para automóviles
fueron decomisados en un comercio de la capital del estado Mérida por el equipo
multi institucional que participa en la segunda ofensiva económica impulsada
por el Gobierno venezolano.
El establecimiento comercial está ubicado en la zona industrial
Los Curos, parroquia Osuna Rodríguez de la capital merideña.
El general Randall Radames Rivas Rojas, comandante de la 22
Brigada de Infantería y responsable del Área de Defensa Integral del estado
Mérida, dijo que en la fiscalización de la empresa Vale Cauchos se encontró
"600 cauchos y un lote de baterías para carros. Se van a tomar unas
medidas ajustadas a la Ley Orgánica de Precios Justos, por la presunción del
delito de boicot" subrayó.
Nelson Stalin Nava, Superintendente de Precios Justos en el estado
Mérida, resaltó que en esa empresa se determinó una presunta evasión de
impuestos, pues la facturación de varios repuestos automotrices estaba a nombre
del dueño del comercio, más no del establecimiento y su firma jurídica.
Dijo que durante la fiscalización se hallaron baterías para carros
refleja en la facturación un costo por encima de los 9.000 bolívares.
"También vemos que estas baterías pueden ser de las que el
Gobierno nacional ha importado para ponerlas a la venta en las proveedurías de
transporte. Estamos llamando a toda la colectividad, a las líneas de transporte
público y a las cooperativas para que nos unamos a combatir esta guerra
económica", agregó Nelson Stalin Nava.
Adelantó que el lote de cauchos decomisado será vendido al pueblo
a precios justos, mientras que las baterías será sometido a experticias como
parte de una investigación que determine su procedencia.
Precisó que durante la segunda ofensiva económica, la
Superintendencia de Precios Justos ha
inspeccionado cerca de 500 establecimientos comerciales con especial énfasis en
los rubros alimenticios y de transporte, por ser indicadores de mayor
influencia en los precios al consumidor.
Luis Omar Ditta, jefe de la dirección de política integral de la
gobernación de Mérida, resaltó que los entes gubernamentales mantienen
comunicación con los 86 prefectos de Mérida, así como una permanente
articulación con los comités vecinales para la planificación diaria de
supervisiones a establecimientos comerciales en todas las parroquias.
"Esto es parte de la ofensiva en contra del acaparamiento, el
boicot y los altos precios. Gracias a la articulación que hemos hecho con los
Comités de Defensa de la Economía, a través del poder popular y con la
participación de los prefectos, la Zodi – Mérida y los órganos de seguridad del
Estado", resaltó.
El hallazgo de la mercancía acaparada fue realizado por una
comisión integrada por representantes de la Zona Operativa de Defensa Integral
(Zodi) la Superintendencia de Precios Justos, la dirección de política integral
de la gobernación de Mérida y los consejos comunales.
Hasta ahora los comités parroquiales de defensa de la economía contabilizan
1.300 inspecciones practicadas en un mes y quince días, resaltó Ditta.
En Venezuela, el Gobierno nacional impulsa la segunda ofensiva
económica para proteger el salario del pueblo ante la usura y la especulación
por parte de varios sectores comerciales del país.
AVN
