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Altos funcionarios públicos deberán actualizar declaración de bienes

 
*** Según el contralor del estado Mérida, sólo quienes ocupen altos cargos en la función pública tendrán la obligación de actualizar su Declaración Jurada de Patrimonio.
Quienes ocupen altos cargos en la función pública nacional, estatal o municipal, deberán revisar su Declaración Jurada de Patrimonio (DJP), en un lapso comprendido entre el 1 y 31 de julio del presente año, de acuerdo a lo dispuesto por la Contraloría General de la República en resolución del 27 de marzo del año 2009.

Con la información dada a conocer por el contralor del estado Mérida, Freddy Freites, se hace un llamado a los altos funcionarios públicos que se desempeñan en esta entidad, para que accedan a la dirección electrónica www.cgr.gob.ve, y reseñen cualquier cambio en los activos o pasivos patrimoniales.

“El procedimiento para presentación de bienes se realizará de manera electrónica a través del portal de la Contraloría General de la República, ingresando al link “declaración Jurada de Patrimonio”, en un período comprendido desde el primero hasta el 31 de julio del presente año”, aclaró.

La medida incluye al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías y su cartera ministerial, así como al gobernador del estado Mérida, Marcos Díaz Orellana y su Tren Ejecutivo; diputados de la Asamblea Nacional, legisladores, alcaldes, concejales, presidentes de institutos autónomos y entes descentralizados, entre otros. 

Advirtió que de no acatar esta presentación de la DJP, dichos funcionarios podrán ser sancionados con multas que oscilan entre 100 y 500 unidades tributarias (UT), de acuerdo a lo dispuesto por la Contraloría General de la República.

Según Freites, con esta medida se pretende verificar el crecimiento o disminución patrimonial que dichos funcionarios hayan alcanzado durante este ciclo, de acuerdo a la última actualización realizada en 2011 y según la data aportada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

En el caso del poder popular, el contralor señaló que en esta oportunidad sus representantes no están obligados a sumarse al proceso de actualización; sin embargo, en cualquier momento, los miembros de las unidades financieras podrían ser llamados a cumplir con dicha revisión. 

Autor: OCI / Alonso Moreno