El canciller de la República, Rafael RamÃrez,
ofreció este viernes una rueda de prensa sobre la decisión del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi),
anunciada el jueves, que fijó en casi 1.600 millones de dólares la compensación
que pagará Venezuela a la petrolera estadounidense Exxon Mobil, por la
nacionalización en 2007 de dos de sus proyectos en el paÃs.
Aseguró que la victoria “no sólo en términos
económicos, sino en términos jurÃdicos y en el reconocimiento de la polÃtica de
plena soberanÃa petrolera” implementada por el Estado.
El Ciadi reconoció “la legalidad de las
acciones emprendidas por el Gobierno frente al litigio y buena fe de la
República en su proceder”.
En sus palabras, recordó “la primera decisión
que tomó el Ciadi con respecto a nuestro caso y fue emitida el 10 de junio del
2010 sobre los aspectos de jurisdicción. Esta fue una decisión previa muy
interesante porque en lo concreto el tribunal arbitral descubre una de las
manipulaciones que la Exxon Mobil hizo en este caso”, explicó RamÃrez.
Seguidamente, RamÃrez recalcó que “Venezuela
denunció que esta empresa se reestructuró en el año 2005-2006 como una empresa
holandesa, asà como han hecho muchas empresas transnacionales y esto constituyó
como un abuso del derecho para hacer uso y utilizar el Tratado Bilateral de
Inversiones que estaba vigente con Holanda, este fue un proceso que estuvo
plagado de un conjunto de acciones agresivas por parte de esta empresa para
obtener montos exorbitantes por la nacionalización de la Faja PetrolÃfera del
Orinoco”.
En el año 2008, la Exxon Mobil demandó a
Venezuela ante el Ciadi y a Petróleos de Venezuela ante la Cámara de Comercio
Internacional. “También intentó una acción en un tribunal en Londres, donde
solicitó la congelación de 12 mil millones de dólares de activos en cualquier
parte del mundo de Petróleos de Venezuela, para ellos asegurarse el pago de lo
que consideraban injusto de la nacionalización”.
Sobre la decisión afirmó que se “reconoció la
legalidad y la justeza de nuestra actuación. Se cierra un caso vergonzoso y
peligroso que atentaba contra la estabilidad económica de nuestro paÃs y
nuestros fundamentos legales de la polÃtica petrolera”.
