El
nuevo Código de Procedimiento Civil (CPC) estará apegado a los mandatos de la
Constitución de la República Bolivariana y al Plan de la Patria 2013-2019, en
los que se establece el derecho a una justicia efectiva y expedita, sostuvo
este jueves el diputado Elvis Amoroso, presidente de la Comisión Permanente de
Política Interior de la Asamblea Nacional.
Tras
la entrega del Anteproyecto del CPC por parte de magistrados y jueces del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la directiva del Parlamento Nacional,
Amoroso describió que es una herramienta que complementará el sistema judicial.
"Hemos
recibido de la junta directiva de la Asamblea Nacional un proyecto que hemos
estado esperando desde hace mucho tiempo. Esto va a acelerar y complementar,
sin lugar a dudas, el sistema judicial porque en la parte judicial y penal ya
se habían adecuado los códigos a la realidad actual, solo faltaba el
civil", refirió.
Informó
que durante las próximas semanas iniciará el proceso de discusión en la
instancia legislativa que preside con el fin de remitir dicho proyecto a
plenaria de la Asamblea Nacional y continuar con los procesos establecidos,
como la consulta pública y el debate en segunda discusión.
"Haremos
lo propio para atender este proyecto, que comprende 800 artículos, y haremos
respectivas discusiones y la consulta pública para que puedan (jueces,
abogados, magistrados y Poder Popular) participar y podamos nutrirnos de la
sapiencia del pueblo venezolano", expresó.
Por
su parte, el primer vicepresidente de la AN, Darío Vivas, explicó que al
recibir el anteproyecto se cumple con un mandato constitucional, pues el
artículo 104 establece que la iniciativa legislativa en materia judicial es
competencia del TSJ.
"Estamos
cumpliendo con una normativa constitucional, y viendo el contenido de la
propuesta de CPC podemos señalar además se ajusta a lo que establece la Carta
Magna, en consecuencia nosotros vamos a estar a disposición de acompañar en
este debate a los magistrados y al pueblo para la aprobación de este
Código", subrayó.
Además,
destacó que la nueva herramienta judicial garantizará la gratuidad del sistema
judicial, su equilibrio y transparencia.
Por
su parte, la magistrada Iris Peña, presidenta de la sala de Casación Civil del
TSJ y encargada de entregar el anteproyecto, resaltó que la finalidad del nuevo
CPC es "dar un vuelco completo al ordenamiento procesal, civil y mercantil
para la concreción del Estado social y de justicia que la Constitución
define".
En
este sentido, destacó las novedades de la reforma del CPC, entre los que
resalta: la sustitución del principio de la escritura al de la oralidad, el
reconocimiento a la jurisdicción y su competencia como asuntos procesales que
deben ser revisado por el juez de la audiencia preliminar, otorgar facultades
al juez, crear Circuitos Judiciales Civiles, incorporación de la Defensoría
Pública e implementación de medios alternativos de resolución de conflictos.
El
CPC es el instrumento legal que regula las instituciones procesales
relacionadas con derechos patrimoniales, estado y capacidad de las personas. Es
la norma supletoria (que tiene la facultad de regir situaciones que le son
específicamente propias y de suplir la ausencia de una norma específica) por
excelencia del Poder Judicial.
El
nuevo proyecto del CPC propone simplificar los procesos mediante un
procedimiento oral, breve, expedito y público, donde se promuevan medios
alternativos de resolución de conflictos, con el fin de garantizar a los
ciudadanos una tutela judicial efectiva que se corresponda con la realidad del
país.
La
propuesta de reforma surge tras la aprobación de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en 1999, que establece nuevos principios y postulados
en cuanto al ordenamiento jurídico y su actuación.
AVN
