Organizaciones y movimientos sociales que participan en el espacio de articulación denominado “Diálogo Social” manifestaron su respaldo a un acuerdo pacífico y negociado como la vía para avanzar con pasos firmes y sostenibles hacia la construcción de una solución a la grave crisis que atraviesa el país.
Un acuerdo que, por un lado, tenga como marco el respeto a los derechos humanos y a las instituciones, y cuyo norte apunte al restablecimiento del sistema democrático a través de unas elecciones presidenciales libres, transparentes y auténticas que resuelvan la crisis de gobernabilidad que hoy enfrenta la nación, y que por otro lado avance en la construcción de acuerdos sectoriales que atiendan las necesidades más urgentes del pueblo venezolano.
"Diálogo Social" exhortó a los actores políticos a reactivar, a la brevedad posible, el mecanismo de negociación promovido por Noruega, rediseñando su composición y funcionamiento, con el fin de facilitar la inclusión de nuevos actores nacionales e internacionales que puedan fortalecer el proceso y que permitan la incorporación de propuestas de los distintos sectores de la sociedad.
Al referirse a la emergencia humanitaria compleja, las organizaciones señalaron: "La sociedad civil ha venido documentando, alertando y haciendo visible desde hace 5 años los riesgos que suponía no enfrentar lo que en algún momento fue amenaza y que hoy es una terrible realidad. Fruto de este trabajo, hoy se entiende que la emergencia humanitaria es real, se logró la instalación de un equipo humanitario de país de las Naciones Unidas y se activaron los mecanismos para elaborar un plan de respuesta humanitaria internacional, que si bien todavía no tiene los alcances financieros y de cobertura que se requieren, da cuenta de que la asistencia y protección externa es indispensable para que millones de personas puedan sobrevivir y de que es esencial fortalecernos como sociedad para vencer la emergencia en todas sus dimensiones y causas".
Se mostraron a favor de un primer ejercicio de acuerdo sectorial de cooperación para atender la reconstrucción del sistema eléctrico nacional con la participación de los actores políticos, equipos técnicos de ONU y la Corporación Andina de Fomento (CAF), que ofreció un crédito inicial de $350 millones para mitigar la crisis eléctrica nacional. El resultado de este proceso de trabajo conjunto ha sido la selección y aprobación de diversos proyectos que requieren atención prioritaria y que, en esta fase, beneficiarán a cientos de miles de venezolanos de los estados Zulia, Táchira, Nueva Esparta y Miranda.
Este acuerdo se encuentra ahora en una fase de negociación política para su concreción, instando a las partes a asumir esta fase con sincera voluntad y conciencia del rol que les ha tocado asumir en estas circunstancia. Señalan que los acuerdos sectoriales implican la participación de múltiples actores y capacidades técnicas y, especialmente, la creación de instituciones de gestión ad hoc, que garanticen la supervisión de los programas ejecutados.
Hicieron énfasis en que el objetivo de llegar a acuerdos sectoriales es favorecer las capacidades políticas para la solución de los problemas inmediatos y gravísimos que padecemos los venezolanos, exhortando a los distintos actores políticos a abordarlos con un enfoque despolitizado, de modo que la solución construida no pueda ser utilizada para las narrativas particulares.
Hicieron énfasis en que el objetivo de llegar a acuerdos sectoriales es favorecer las capacidades políticas para la solución de los problemas inmediatos que padecemos los venezolanos, exhortando a los distintos actores políticos a abordarlos con un enfoque despolitizado, de modo que la solución construida no pueda ser utilizada para las narrativas particulares.
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