Con el fin de seguir garantizando en forma gratuita el derecho a la defensa de los ciudadanos en los procesos judiciales, la defensora pública general, Susana Barreiros Rodríguez, juramentó a 31 defensores públicos, durante un acto realizado en la sede central de la Defensa Pública, ubicada en el bulevar Panteón, Caracas.
Entre los juramentados, 15 de ellos serán defensores públicos provisorios y se desempeñarán en los estados Anzoátegui (1), Zulia (3), Miranda (1), Mérida (2), Trujillo (1) y Apure (2), así como en el área metropolitana de Caracas (5).
Mientras que, los restantes son defensores públicos auxiliares y estarán destacados en el área metropolitana de Caracas (1) y en los estados Miranda (1), Portuguesa (1), Monagas (3), Zulia (8) y Lara (2).
La máxima autoridad de la institución felicitó a los juramentados y los instó a mantener en alto el nombre de la Defensa Pública, al cumplir con alto compromiso el rol de este órgano del sistema de justicia en aras de garantizar la asistencia jurídica gratuita en la defensa del poder popular.
“Se debe tener sentido de pertenencia, respetar a los gobernantes y autoridades, y actuar con transparencia para tener un buen desempeño de las funciones que les sean asignadas o les corresponda”, expresó Barreiros Rodríguez.
Durante el acto, también fue juramentada la nueva coordinadora de la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Miranda: María Figueira De Abreu.
El acto contó con la presencia del coordinador general de la DP, Juan López, la directora nacional de Recursos Humanos, Roselyn Inagas, y el director nacional de Actuación Procesal, Gabriel Cedeño.
Cabe destacar que la Defensa Pública brinda gratuitamente sus servicios en las materias penal ordinario; penal municipal; penal ejecución; especial de delitos de violencia contra la mujer; especial administrativa; contencioso administrativa y penal para las funcionarias y funcionarios policiales; responsabilidad penal del adolescente; jurisdicción penal militar; integral; agraria y pesquera; laboral; protección del niño, niña y adolescente; indígena; civil y administrativa especial inquilinaria y para la defensa del derecho a la vivienda, entre otras.
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