El presidente de la República, Nicolás Maduro, envió el
pasado 17 de marzo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia
(TSJ) el proyecto de reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) para
que el máximo tribunal del paÃs evalúe la constitucionalidad del texto,
sancionado el 3 de marzo por la Asamblea Nacional (AN).
La propuesta del Parlamento se plantea tres meses después
de que el Jefe de Estado promulgara, vÃa habilitante, la reforma de la ley del
ente emisor y tras un debate basado en elementos de carácter polÃtico contra la
institucionalidad y para favorecer al sector financiero.
Dentro del plazo de 10 dÃas que concede la Constitución
al Ejecutivo nacional para promulgar las leyes que recibe de la AN, el Presidente
optó por enviar el texto al TSJ en resguardo del respeto al marco legal.
El artÃculo 214 de la Constitución nacional establece que
cuando el Presidente de la República "considere que la ley o alguno de sus
artÃculos es inconstitucional solicitarán el pronunciamiento de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de diez dÃas que tiene
para promulgar la misma".
La Constitución le otorga al TSJ 15 dÃas, a partir del
momento de recibir la comunicación del Ejecutivo, para que se pronuncie.
Durante el debate en la plenaria de la AN, el diputado
del Bloque de la Patria, Ricardo Sanguino, advirtió que este proyecto de ley
deja en manos del sector financiero privado la polÃtica monetaria del paÃs.
Por su parte, Ramón Lobo, también del Bloque de la Patria
señaló que el instrumento "busca la manera de restaurar los beneficios
socioeconómicos a las élites que hasta el año 1998 gobernaron este paÃs".
Asimismo alertó que esta nueva reforma a la ley tiene una
intencionalidad polÃtica para desestabilizar desde el área económica al
gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.
AVN
