***La Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela prohíbe que los delitos de lesa humanidad,
terrorismo, agresión y crímenes de guerra sean perdonados a través de una ley
de amnistía
El procurador del estado Mérida,
Juan Luis Suárez, rechazó la propuesta de ley de amnistía y reconciliación
nacional aprobada en primera discusión por los diputados de la bancada opositora,
aclarando que con esta ley se legitimaría la delincuencia y se vulnerarían los
derechos fundamentales de los venezolanos.
Suárez aclaró que el proyecto no
tiene asidero legal, ya que con ella se perdonaría a personas que han causado
graves daños al pueblo con los ataques contrarrevolucionarios ocurridos durante
los últimos 16 años.
“Para mí, como abogado merideño y
funcionario público es un hecho lamentable tener que ver este exabrupto
jurídico que la derecha pretende justificar a través de su mayoría en la
Asamblea Nacional (AN), ya que en esta ley existen figuras que son
absolutamente contrarias a la Constitución y al estamento jurídico venezolano”,
dijo.
Según el procurador, en dicha ley
se observa que cada uno de sus artículos está diseñado para proteger
específicamente a las personas que han sido debidamente juzgadas por sus
delitos y sus faltas.
“No se puede justificar que a
través de una ley de amnistía se perdonen homicidios dolosos, terrorismo,
delitos de droga, ataques al sistema de transporte público, porte y uso de
explosivos y objetos incendiarios y la instigación
a delinquir, entre otros delitos”, manifestó.
La AN tiene facultad para
elaborar leyes, pero esos instrumentos jurídicos no pueden colidir con la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ni con demás leyes
orgánicas ni tratados internacionales, “por lo tanto, podemos decir con toda
seguridad que aquí existe un sistema de Estado que debe respetarse, y
aisladamente la AN no puede imponer esta nueva ley”, sentenció Suárez.
“Por eso hacemos un llamado al
pueblo merideño para que demuestre su solidaridad absoluta con los poderes
públicos venezolanos, porque la Asamblea Nacional no es un poder con jerarquía
superior, y este instrumento no puede tener ningún tipo de validez jurídica, ya
que acabaría con el estado de derecho y justicia social que se ha creado en
Venezuela a partir de la Constitución de 1999”, explicó.
El procurador afirmó que no existe
posibilidad alguna de que el presidente Nicolás Maduro promulgue este tipo de
instrumento, y el Poder Judicial tampoco podría darle viabilidad legal a esta
propuesta que desmonta el estado de derecho en Venezuela.
(Alonso Moreno/OCI)
