Una novedosa
propuesta de ley se está gestando en Mérida: la Ley de Riego, como una
iniciativa que nace del trabajo que se viene realizando por parte de varios entes
gubernamentales que hacen vida en Mérida y que vienen atendiendo las
inquietudes presentadas ante ellos por parte de los comités de riego.
El objetivo de este documento es
normar y promover el uso sustentable del agua con fines de riego, basándose en
el artÃculo 304 de la Carta Magna. A los efectos de revisar los avances y
analizar los aportes de los distintos organismos involucrados en este proyecto
de ley, se llevó a cabo el Taller de la Ley de Riego en Corpoandes Mérida.
Se busca crear un instrumento
jurÃdico único que reúna todas las disposiciones relacionadas con la materia
para solventar los conflictos de uso que se presentan entre agua para consumo
humano y agua para riego, para asà fortalecer la gestión sustentable de los
sistemas de riego.
En este sentido, ya existe un trabajo
que han realizado varios organismos de la mano con las comunidades, para
obtener un diagnóstico técnico y social de los sistemas de riego de la región
andina, el cual ya fue presentado a los 314 comités de riego registrados en
Mérida.
Ese diagnóstico ha permitido la
construcción colectiva de estrategias de acción y solución para abordar, entre
otros aspectos, la rehabilitación de los sistemas de riego.
La comisión está encabezado por el
Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Mérida y participan el Ministerio
del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas (Minea) que dirige Guillermo
Barreto, el Juzgado Superior Agrario, el Instituto Nacional de Tierras (Inti),
Corpoandes, el Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y
Territorial (Cidiat), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), Aguas
de Mérida, DefensorÃa Pública Agraria y los Comités de Riego.
Este esfuerzo conjunto del Gobierno
Bolivariano que preside Nicolás Maduro, fortalece a los comités de riego porque
tiene como base la visión de lo colectivo y sus conocimientos ancestrales, en
armonÃa con el componente socio productivo.
El instrumento normativo se encuentra
en proceso de redacción por parte del equipo legal. Busca consolidar el
precepto constitucional que reconoce al agua como bien del dominio público de
la nación, a efectos de no dar cabida en ningún ámbito a la privatización del
recurso y permita fijar reglas claras y equitativas que brinden seguridad
jurÃdica.
Prensa Ecosocialismo y Aguas / Manuela Solé
