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Gobierno de Alexis Ramírez y Contraloría del estado 
Mérida impulsan lucha contra la corrupción


*** La Contraloría investiga nóminas fantasmas de personal del Ministerio de la Salud y de la  Dirección Regional de  Salud

El  Gobierno Bolivariano de Alexis Ramírez y la Contraloría del estado Mérida inaugurarán en los próximos días la sala situacional de procesos de denuncias de corrupción, con la finalidad de avanzar hacia el adecentamiento de la entidad y garantizar la moral y la ética en el ejercicio de la función pública con modalidades que protejan a los agentes que participen en la lucha contra este flagelo.

Sobre el particular, el contralor del estado, Coronel Oscar Aponte Landaeta, dijo que con esta nueva sala situacional "se buscan los mecanismos para vigilar los recursos que se ejecutan; los vigila el Estado, los vigila el pueblo, tenemos confianza, fe profunda y absoluta en el pueblo venezolano, aquí están los mecanismos para que puedan ejercer".

Manifestó que disponen de la plataforma tecnológica con una fase de última ejecución en la que cuentan con el apoyo de Pdvsa y el Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (Cenditel), y se convierta esta sala en un emporio anticorrupción de primer lugar a nivel del estadal.

A estos cambios se suma la modificación de la Ley contra la Corrupción, que ahora fijará sanciones contra el soborno, que se ha filtrado en la actuación de diversos funcionarios públicos, y declara la no prescripción de las acciones judiciales por delitos contra el patrimonio público.

Por otra parte,  Aponte Landaeta señaló que actualmente se encuentran bajo investigación, autoridades del Ministerio del Poder Popular  para la Salud y de la  Dirección Regional de  Salud por presentar nóminas fantasmas de personal perteneciente a estos organismos por  irregularidades en potestad administrativa, en la que  se ejercerá  prontamente un juicio oral y público a quienes se les determinen responsabilidades.

La Contraloría  regional ejecuta funciones en tres ámbitos: el preventivo, a fin de promover valores y principios de transparencia; el institucional, que tiene como objetivo reducir el número de trámites y la corrupción de los intermediarios, y el policial, que se encargará de perseguir y sancionar a quienes cometan delitos de corrupción, lo cual demuestra la voluntad e importancia que otorga el Estado venezolano a esta lucha

(OCI/Martín Lara)