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Tras seis años prófugo Manuel Rosales se entregó 
a la justicia por delitos de corrupción


En horas de la tarde de este jueves, Manuel Rosales, fugitivo de la justicia venezolana, se entregó a las autoridades competentes en el Aeropuerto Internacional La Chinita en Maracaibo, estado Zulia.

El ex alcalde de la capital zuliana y posterior gobernador, hasta 2008, se encontraba prófugo de la justicia tras huir en 2009, mientras se le seguía un juicio por enriquecimiento ilícito.

"Este ciudadano ha decidido entregarse a la justicia venezolana para encarar el juicio por la presunta comisión de este grave delito; (Rosales) venía siendo juzgado en libertad y se sustrajo del proceso antes de la audiencia preliminar, por lo que se dictó una orden de aprehensión signada con el número 001-09", explicó el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Gustavo González López, en transmisión de VTV.

Asimismo, recordó que Rosales es acusado por 11 delitos, entre los que destacan corrupción, enriquecimiento ilícito con ocasión a la adquisición de bienes e inmuebles, malversación de fondos asignados por el Ejecutivo Nacional, irregularidades en asignación de recursos de la fundación Amigo de los Niños Trabajadores y presunta venta de vehículos de la policía del estado Zulia.

El ministro indicó que Rosales fue acompañado en su traslado a Caracas por la Fiscal Nacional de Derechos Fundamentales y explicó que el Ministerio Público es el órgano encargado de continuar con la investigación.

Rosales fue imputado el 11 de diciembre de 2008, como consecuencia de la investigación iniciada por un Informe de Auditoría patrimonial presentado por la Contraloría General de la República, el 19 de julio de 2007, que concluyó que en sus gestiones como alcalde (1996-1999) y gobernador (2000-2008) registró fondos que no pudo justificar ante el órgano controlador.

El delito de enriquecimiento ilícito que se le imputa al ex funcionario público está previsto y sancionado en el artículo 73 en concordancia con el 46 de la Ley Contra la Corrupción, que establece una sanción de prisión de tres a diez años, proceso judicial que continuará tras su retorno a Venezuela.

 AVN