El
Gobierno de Colombia ha demostrado falta de voluntad para detener la agresión
contra la economía venezolana en la frontera que une a ambos países, en la que
bandas delictivas y paramilitares se dedican al contrabando de extracción de
productos básicos, como alimentos y medicinas, hacia el vecino país; así como a
la extracción de millones de litros de gasolina venezolana. Productos que son
subsidiados por el Estado venezolano para la protección social de su pueblo.
A esto
se suman los ataques al bolívar a través de la transacción, por debajo de su
valor oficial, en casas de cambio ubicadas en Cúcuta, amparadas en la
resolución 8 aprobada en el año 2000 por el Banco Central Colombia, lo cual
contribuye a la guerra económica que ejercen sectores empresariales de la
derecha venezolana, mediante la especulación de precios y acaparamiento de
productos básicos.
"Está
claramente demostrada la falta de voluntad del gobierno y Estado colombiano en
resolver elementos formales que agreden nuestra economía", denunció la
ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, quien este jueves
ratificó, sin embargo, la plena disposición de Venezuela a establecer un
diálogo sincero con el Gobierno de Juan Manuel Santos.
A
través de su cuenta en la red social twitter, @DrodriguezVen, la canciller
lamentó las recientes declaraciones de su par colombiana, María Ángela Holguín,
quien este jueves dijo que su Gobierno poco puede hacer para combatir el
contrabando en la frontera y pidió que se eliminen las políticas de subsidio
con las que el gobierno venezolano reivindica derechos como la alimentación,
educación y salud del pueblo venezolano y del colombiano residente en el país.
"Declaraciones
de Canciller Holguín es un compendio de imprecisiones erráticas, falsedades y confesiones
de Estado apoyando crímenes en frontera. Es insólito, por decir lo menos, que
se excuse en las políticas de subsidios implementadas por Venezuela en función
de su pueblo para escurrir la responsabilidad de Colombia en el combate al
contrabando. Se les ha solicitado revisar Ley Anticontrabando que promueve este
delito en Cartagena también le reiteramos repatriación a Venezuela de los
alimentos incautados durante más de un año, sin resultado positivo", manifestó
la canciller Rodríguez.
En los
mensajes en la red social, la ministra venezolana recordó que la Resolución
número 8, aprobada por el expresidente Andrés Pastrana en mayo del año 2000,
que establece una doble legislación sobre el intercambio de monedas en
Colombia: una legislación oficial, establecida por el Banco Central de
Colombia; y una legislación especial solo para las fronteras.
"Resolución
8 del 2000 ataca nuestra moneda nacional, así se lo hicimos saber a la
canciller colombiana. ¿Su respuesta? 'Son profesionales de cambio",
escribió Rodríguez este jueves como muestra de la falta de voluntad de Bogotá.
"Colombia
ha abandonado la frontera, la cual es gobernada por delitos de distinto orden y
el paramilitarismo colombiano", añadió la diplomática venezolana en
referencia a la actual situación de la zona limítrofe, que desde el pasado 19
de agosto fue cerrada en el estado Táchira ante el ataque de paramilitares
colombianos que dejaron gravemente heridos a tres efectivos de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) y un civil mientras cumplían acciones contra el
contrabando de extracción.
En
defensa de la soberanía y seguridad del país, el Jefe de Estado venezolano,
Nicolás Maduro, decretó un Estado de Excepción en 10 municipios fronterizos de Táchira y ha
reiterado en varias oportunidades la disposición de diálogo con Colombia para
lograr una frontera pacífica, segura y próspera.
"Los
invitamos a no tener miedo al diálogo y a la reunión de Presidentes. ¡Es la
hora de la valentía y la diplomacia de altura y legalidad!", enfatizó en
este sentido la canciller venezolana este jueves al tiempo que agregó que
además de la agresión económica, Venezuela es víctima de una guerra mediática
que promueve el odio entre países hermanos.
En
Venezuela residen más de 5,6 millones de colombianos, quienes son incluidos en
el sistema de protección social del Gobierno Bolivariano.
AVN
