Hace tres años, la Asamblea Nacional (AN)
aprobó La Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras
Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el período
1958-1998, para darle a conocer a las nuevas generaciones las masacres
cometidas en los gobiernos de la IV República.
La Ley contra el silencio y el olvido, como
también se le conoce, fue promulgada el 25 de noviembre de 2011 con el objetivo
de "establecer los mecanismos para garantizar el derecho a la verdad y
sancionar a los responsables de los hechos de violaciones de derechos humanos y
delitos de lesa humanidad (...), como consecuencia de la aplicación de
políticas de terrorismo de Estado" contra aquellos que pensaban distinto
al gobierno de turno y cuya única bandera era la de la inclusión y el
socialismo.
Asimismo, el instrumento persigue la
reparación y búsqueda de víctimas, por medio de la reivindicación moral, social
y política, "a fin de que permanezcan en la memoria colectiva de la
presente y las futuras generaciones, como garantía de que nunca más se repitan
esos hechos", refiere el texto legal.
A raíz de esta legislación, que contiene 29
artículos dispuestos en cuatro capítulos, se creó la Comisión por la Justicia y
la Verdad, un organismo de investigación que depende del Consejo Moral
Republicano y que está integrado por representantes del Ministerio Público, de
la Defensoría del Pueblo, así como de la Asamblea Nacional y una representación
de las víctimas.
AVN
