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En Mérida se garantiza que comercios y centros de
 producción cumplan con la Ley de Precios Justos


Con el objetivo de hacer  cumplir la Ley Orgánica de Precios Justos y velar por los derechos de la colectividad, en una acción conjunta, Gobierno bolivariano nacional y estadal, vienen adelantando en Mérida  la segunda oleada de fiscalización a comercios para verificar el ajuste de precios, enmarcada en el trabajo contra la guerra económica.

Así lo destacó el Vicealmirante Gustavo Colmenares, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) para la región los andes, cuando manifestó que con estas fiscalizaciones y supervisiones, se busca que todos los comercios y centros de producción del estado cumplan con esta Ley.

Acompañado del Director de Política Integral de la Gobernación bolivariana del estado Mérida, Luis Omar Ditta, y el Coordinador Regional de la Superintendencia de Precios Justos, Nelson Nava, Colmenares inspeccionó la ferretería Chen, ubicada en la avenida Universidad del municipio Libertador, este martes.

Señaló Colmenares,  que dicho comercio incurrió en ilícitos administrativos al vender por encima del margen de ganancia, que según lo estipula la Ley Orgánica de Precios Justos,  es del 30 por ciento máximo.

Destacó que dicho local, estaba obteniendo ganancias por encima del 100 por ciento en la venta de sus productos; refirió  que con estos tipos de acciones desplegadas por el Gobierno revolucionario, se combate la especulación, ya que no se puede permitir que haya usura y especulación contra la ciudadanía.

Cinco han incurrido en ilícitos

En el mismo orden, Nelson Nava,  resaltó que a la fecha se han inspeccionado 50 establecimientos comerciales, para corroborar el cumplimiento de la norma, de los cuales solo cinco comercios  han incurrido en especulación y se les ha aplicado el ajuste de precios correspondiente.

Además, señaló que se le levantarán los respectivos expedientes, para ser remitidos a la Sala de Sustanciación de la Superintendencia de Precios Justos, establecida en Caracas,  para que aplique las sanciones pertinentes.

Agregó que quien incurra en delito debe pagar multas que van desde 200 hasta 50 mil unidades tributarias, tomas temporales del establecimiento, así como también 14 años de prisión.

Por su parte, indicó que por órdenes del Gobernador Alexis Ramírez, esta dependencia brinda apoyo tanto a Superintendencia como a la ZODI, a través de las prefecturas, el poder popular y organizaciones sociales, para contribuir a facilitar el proceso de inspección que ejecuta el Órgano de Supervisión, Control y Ejecución.

Prensa OCI