A 50 millones de bolÃvares ascienden las pérdidas causadas al
Ministerio de Ambiente por la arremetida terrorista de la ultraderecha durante
los meses de febrero, marzo y abril en el estado Mérida, informó este lunes
Ernesto Arens, director de la cartera ambiental en el estado andino.
En un recorrido de inspección por los edificios sede de organismo
y del Instituto Nacional de Parques (Inparques) Arens constató junto al
Diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Briceño, los daños y destrozos
infligidos por el accionar terrorista de grupos identificados con la
ultraderecha.
El director estadal de Ambiente resaltó que la sede ministerial
ubicada en la cercanÃa de la avenida Las Américas, sufrió el desmantelamiento
total de su mobiliario, equipos electrónicos de oficina y de inspecciones de
campo, asà como la destrucción de buena parte de la infraestructura y la
incineración de cinco vehÃculos logÃsticos, un retroexcavador y una aplanadora.
"Estas son acciones de terrorismo, sabemos que el Gobierno
está tomando cartas en el asunto, ya los organismos policiales hicieron una
primera evaluación y recolección de evidencias", acotó Arens.
Destacó que las acciones vandálicas, más allá de los daños
patrimoniales, afectan directamente a la ciudadanÃa dado que un importante
número de expedientes y solicitudes tramitados ante la cartera ambiental fueron
dañados o substraÃdos.
Recalcó también que la arremetida de los grupos fascistas incluyó
amenazas, agresiones y vejámenes en contra de la integridad de los trabajadores
de la cartera ambiental y el Inparques.
Arens llamó la atención sobre el hecho particular de que las
autoridades de la Universidad de Los Andes (ULA) no hayan formulado un pronunciamiento
en contra de las acciones vandálicas perpetradas por grupos agitadores contra
la sede del Ministerio de Ambiente en el estado, tomando en cuenta que esa casa
de estudios alberga la única facultad de Ciencias Forestales y Ambientales del
paÃs.
Bulmaro Gómez Durán, trabajador del ente, resaltó que terroristas
armados perpetraron las acciones en contra de la sede ministerial, sucesos en
los que además se amenazó la integridad fÃsica de los trabajadores.
"Al ver estas oficinas saqueadas y los destrozos, no podemos
sino concluir que esta es una acción vandálica y terrorista ¿Podemos dejar esto
asÃ, sin que se castigue a los responsables? Creo que no, la impunidad en este
y otros casos, permitirÃa que en el futuro se vuelva a utilizar el terror como
arma polÃtica", recalcó.
Asamblea Nacional investiga los
hechos
El diputado Manuel Briceño, miembro de la Comisión Permanente de
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la AN, destacó que la
instancia ha identificado un conjunto de acciones punibles ejecutadas por
grupos radicales en el contexto de una agenda desestabilizadora.
"Son acciones que podemos calificar como daños y delitos
ambientales. Si a esto le sumamos la intencionalidad polÃtica de crear zozobra,
entonces estamos hablando de terrorismo. En la ciudad de Mérida fueron talados
más de 150 árboles y se intentó contaminar el acueducto", destacó Briceño
en la lista de hechos perpetrados en la entidad merideña.
Enfatizó que la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático de la AN está recabando información en todos los
estados afectados por la violencia convocada por voceros de la ultraderecha,
llamado que trascendió la delimitación de una protesta y degeneró en la
comisión de delitos ambientales claramente tipificados en la Ley Penal del
Ambiente.
"Estamos hablando de terrorismo, del ecocidio como arma
polÃtica e instrumento de terror que inflige en el pueblo una sensación de
miedo y de zozobra. La Comisión de Ambiente y las FiscalÃas con competencia
estamos sistematizando la información para determinar los daños ambientales y
las responsabilidades individuales, colectivas e institucionales",
enfatizó.
Desde el pasado 10 de febrero, grupos radicales que están siendo
investigados por el Estado, perpetraron en Mérida más de 600 ataques contra
instalaciones públicas, privadas y particulares, acciones que hacÃan parte de
una agenda golpista contra el Gobierno legÃtimo del Presidente Nicolás Maduro.
El estado de sitio impuesto por los grupos terroristas duró hasta
el jueves pasado, dÃa en que un contingente de 2.000 efectivos militares y
policiales en coordinación con obreros de la Corporación Merideña de Turismo,
emprendieron exitosamente el levantamiento de barricadas y despeje de vÃas en
los tres kilómetros cuadrados de área sitiados por más de 70 dÃas.
AVN
