El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel
RodrÃguez Torres, explicó este jueves que las detenciones de los alcaldes de
San Cristóbal (Táchira), Daniel Ceballos y de San Diego (Carabobo), Enzo
Scarano, obedecen a decisiones de los órganos de justicia.
Detalló que el procedimiento de captura del alcalde Enzo Scarano
fue tramitado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), en respuesta al amparo presentado por un grupo de 14 organizaciones
privadas quienes interponen una acción para la defensa de derechos e intereses
colectivos y difusos de la población venezolana contra Scarano y Salvatore
Luchesse, en su condición de director General de la PolicÃa Municipal de San
Diego.
La detención -apuntó- obedece a la omisión de las acciones
tendentes a prevenir desórdenes públicos dentro del municipio San Diego y las
urbanizaciones aledañas, lo que generó protestas, trancas y cierres que atentan
contra quienes transitan libremente por las vÃas de esta entidad.
“El TSJ admite el amparo invocando la protección de derechos e
intereses colectivos y difusos a la población venezolana, referido a la vida,
libre tránsito, seguridad alimentaria, adecuado abastecimiento de productos y
la dedicación a las actividades económicas de su preferencia. Ante esto, el
organismo emite la decisión de sancionar para que cumpla 10 meses y 15 dÃas de
prisión”, señaló.
Respecto, al alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, explicó
que el proceso de detención se realizó a través del Tribunal tercero de la
región tachirense, que obedece a las más de siete mil denuncias que recibió por
la omisión de su condición.
Precisó que ante estas denuncias, el Ministerio Público (MP)
solicitó la captura, “se procedió de inmediato y fue recluido en la cárcel de
Ramo Verde”, ubicada en Los Teques, estado Miranda.
El titular de la cartera de Relaciones Interiores y Justicia
precisó que los órganos del Estado actúan para proteger el derecho de la
mayorÃa de los venezolanos y no de un grupo minoritario que busca golpear la
gobernabilidad necesaria en el paÃs.
Resaltó que “los órganos del Estado están decidiendo para que las
grandes mayorÃas puedan circular, vivir, ir a sus escuelas, trabajos y cumplir
con sus vidas cotidianas. Nosotros respetamos el derecho a la protesta y lo
garantizamos siempre y cuando éste se ejerza de manera pacÃfica y con los
métodos que están establecidos en la ley”.
Prensa Web RNV/JLG
