Juan Luis Suárez, procurador general
del estado Mérida
“La recolección de la
basura no es competencia de la gobernación”
El
gobierno del estado Mérida lleva adelante un proyecto para el manejo, traslado,
almacenamiento y procesamiento de los desechos sólidos, aun cuando la alcaldía
sigue siendo la responsable de esta tarea.
La situación de la recolección de los desechos
sólidos en la ciudad de Mérida se ha convertido en el principal problema de sus
habitantes, por lo que la gobernación del estado ha empleado todos los
mecanismos necesarios para poder resolverla, tal y como han sido los
lineamientos del mandatario regional, Marcos Díaz Orellana, quien afirma que
este inconveniente también le está afectando a él como ciudadano.
Sobre el tema, el procurador general del estado, Juan Luis Suárez, aclaró que pese a las acciones que el Ejecutivo pudiese emprender para buscar una solución a la problemática, poco se puede hacer, asegurando que “la recolección de la basura no es competencia de la gobernación”.
Tal afirmación la hizo en un programa radial, en donde explicó el porqué no se puede intervenir. “Nosotros como gobernación estamos impedidos material, legal y administrativamente de pretender siquiera asumir la responsabilidad de la recolección de los desechos sólidos, porque no tenemos una estructura administrativa adecuada destinada para ello; ninguna gobernación del país la tiene, ya que esto es obligación propia de las alcaldías”.
Resaltó que la única responsabilidad que se les da a los gobiernos regionales, en este caso al de esta entidad, es la disposición final de los desechos, “entiéndase el destino, la última fase de la recolección, que implica el mantenimiento y la habilitación de los espacios que están dados en el relleno sanitario, en el depósito del municipio Sucre”.
De igual forma, Suárez mencionó que la Ley del Poder Público Municipal establece cuáles son los deberes del alcalde, y en este caso, con relación a la recolección de la basura, “ordenanzas que el burgomaestre está evadiendo, convirtiéndose en un forajido que está buscando acarrear culpas y evadir las suyas”.
Por otra parte, denunció la intención de la autoridad del municipio Libertador de querer decretar un “estado de emergencia ambiental” en la ciudad y argumentó que pretende decretar una emergencia para obviar los procedimientos de contratación pública, y así la escogencia de la nueva empresa de recolección de los desechos sólidos.
El portavoz gubernamental aseveró que ningún alcalde está autorizado para decretar emergencias de ningún tipo, y menos una que él ha provocado, y manifestó que con esto solo se demuestra que quiere romper las leyes una vez más.
Cámara Municipal le ha aprobado recursos
Sobre el tema, el procurador general del estado, Juan Luis Suárez, aclaró que pese a las acciones que el Ejecutivo pudiese emprender para buscar una solución a la problemática, poco se puede hacer, asegurando que “la recolección de la basura no es competencia de la gobernación”.
Tal afirmación la hizo en un programa radial, en donde explicó el porqué no se puede intervenir. “Nosotros como gobernación estamos impedidos material, legal y administrativamente de pretender siquiera asumir la responsabilidad de la recolección de los desechos sólidos, porque no tenemos una estructura administrativa adecuada destinada para ello; ninguna gobernación del país la tiene, ya que esto es obligación propia de las alcaldías”.
Resaltó que la única responsabilidad que se les da a los gobiernos regionales, en este caso al de esta entidad, es la disposición final de los desechos, “entiéndase el destino, la última fase de la recolección, que implica el mantenimiento y la habilitación de los espacios que están dados en el relleno sanitario, en el depósito del municipio Sucre”.
De igual forma, Suárez mencionó que la Ley del Poder Público Municipal establece cuáles son los deberes del alcalde, y en este caso, con relación a la recolección de la basura, “ordenanzas que el burgomaestre está evadiendo, convirtiéndose en un forajido que está buscando acarrear culpas y evadir las suyas”.
Por otra parte, denunció la intención de la autoridad del municipio Libertador de querer decretar un “estado de emergencia ambiental” en la ciudad y argumentó que pretende decretar una emergencia para obviar los procedimientos de contratación pública, y así la escogencia de la nueva empresa de recolección de los desechos sólidos.
El portavoz gubernamental aseveró que ningún alcalde está autorizado para decretar emergencias de ningún tipo, y menos una que él ha provocado, y manifestó que con esto solo se demuestra que quiere romper las leyes una vez más.
Cámara Municipal le ha aprobado recursos
La concejal del municipio Libertador, Lizardy
Prada, aseguró que la Cámara Municipal le ha asignado los recursos a la
alcaldía para los servicios públicos, precisando que en los últimos cuatro años
le han aprobado más de 50 millones de bolívares como parte de los ingresos y
gastos públicos, y hasta el momento no han visto “ni siquiera un contenedor”.
Autor: OCI / Ana Guillén
