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Ley contra la Delincuencia Organizada: Dos visiones sobre la reforma


La reforma a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, que será debatida este martes en la Asamblea Nacional, tiene como principal objetivo perseguir e investigar los delitos que tienen que ver con el crimen organizado y el financiamiento al terrorismo, sostuvo Elvis Amoroso, diputado al Parlamento por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el programa Contragolpe que transmite Venezolana de Televisión.

Mientras tanto,  para Eduardo Gómez Sigala, diputado representante de la oposición, esta ley es delicada y pretende penalizar a todo aquel que esté vinculado con la delincuencia organizada y el terrorismo, pero la misma confunde los dos términos. “Es un instrumento para perseguir a los ciudadanos (…) Tiene una definición muy amplia y no es precisa”.

Sobre este punto, Amoroso indicó que el terrorismo está claramente definido en este instrumento legal, y señaló que el planteamiento opositor se debe a la mala asesoría que recibe ese sector político.

Gómez Sigala dijo que se trata de “una ley sapo”. Le quita poder a la Fiscalía para emprender procesos penales, a su juicio. “Se trata de maquillar, de adornar lo que es este proyecto. Aquí se confunde la sanción”.

El parlamentario Amoroso que quien no realice operaciones fraudulentas con el dinero, como narcotráfico, no tiene nada que temer, aquí nadie será perseguido, agregó. Sin embargo, para Gómez Sigala “aquí no se salva nadie”.

La Reforma de la Ley Contra la Delincuencia Organizada propone ampliar la tipificación y sanciones de delitos relativos al narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, el lavado de dinero, el tráfico de órganos y el tráfico de armas y equipara penas al tope de la Constitución, de 25 a 30 años de prisión.

Este instrumento legal, aprobado en primera discusión, incluye la reforma de 41 artículos. La normativa obligará a reportar toda transacción financiera en la banca, la bolsa y las empresas de seguros a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, adscrita a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

También plantea que la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada (Ministerio Público) pase a ser una oficina nacional, con autonomía administrativa, para atacar con mayor contundencia la criminalidad organizada, que es matriz de delitos comunes.

Texto/Nancy Mastronardi
Foto/Captura VTV